¿Todos somos corruptos?

El presidente Peña Nieto se remitió a la Biblia para hablar de la corrupción: nos invitó a tirar la primera piedra. No fue su primera reflexión en torno a estos menesteres: recordarán lo de que la corrupción es "cultural". ¿Lo es? ¿Qué significa "cultural"? ¿Significa que la corrupción es inevitable, que es omnipresente? ¿Que ninguno de nosotros, los mexicanos, tiene realmente derecho a la indignación, puesto que ninguno de es libre de pecado? Entonces, ¿todos los pecados son igual de graves, desde el tuyo del domingo cuando compraste un boleto en reventa hasta los de Padrés o Duarte?

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La incomprensión presidencial o el fatalismo

Marco Antonio Fernández Martínez

Profesor-Investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa.

Las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto en la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia, en las que mencionó que la corrupción es un tema que "lacera a todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos", de forma tal que "no hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra", son consistentes con la visión presidencial del tema de la corrupción como un asunto cultural. El mandatario lo había dicho por primera vez en agosto de 2014 al afirmar en entrevista televisiva que: "Yo sí creo que hay un tema cultural, que lamentablemente, ha provocado corrupción en todos los ámbitos y órdenes, tanto privado como público, y que se alimenta de ambos lados".

Bajo esta visión culturalista, no sorprende que el presidente, al pedir perdón sobre el escándalo de la casa blanca, reiterara que "se condujo conforme a la ley", pero que pese a ello tenía que aceptar los "errores de percepción" que sus acciones habían provocado en menoscabo de la investidura presidencial y con la subsecuente erosión de la confianza en su gobierno. Esta serie de confesiones presidenciales desnudan que al titular del Ejecutivo federal no termina de caerle el veinte sobre las causas de un problema que si bien dice reconocer, daña severamente la salud de la democracia mexicana y la competitividad del país, y que difícilmente se puede atajar si se parte del diagnóstico equivocado que lo resume como un problema de la cultura mexicana.

Que el Presidente reitere dicho diagnóstico tras meses de análisis y negociaciones amplios que han derivado en la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, es francamente preocupante. En las múltiples mesas de discusión sobre el Sistema, la gran mayoría de los actores involucrados en las negociaciones han reconocido causas institucionales profundas del problema de la corrupción.

Es evidente la debilidad del Estado mexicano para realizar investigaciones técnicamente robustas, políticamente independientes, en las que las autoridades sean capaces de dar seguimiento puntual a movimientos contables y financieros detrás de los que se esconden prácticas de corrupción del sector público y privado. Debilidad, pues, para integrar elementos contundentes en las averiguaciones respectivas, de forma que los jueces puedan realizar sentencias que castiguen, tanto en términos administrativos como penales, la mala actuación de aquellos individuos involucrados en actos de corrupción. El diagnóstico culturalista es incapaz de discernir la necesidad de identificar los problemas institucionales al interior del poder judicial, para así comenzar a combatir sus malas prácticas y ampliar la lucha contra la corrupción. De igual forma, una visión culturalista de la corrupción adolece de una miopía analítica para discernir que los actos de corrupción rara vez son producto de individuos solitarios, sino que son resultado de redes complejas de complicidad entre funcionarios y actores del sector privado que crecen y se reproducen gracias a la poca probabilidad de que sean castigados por su mala actuación.

Bajo una visión culturalista difícilmente se pueden defender el mérito y la capacidad técnica como criterios primarios para la integración del personal de las instituciones encargadas precisamente de combatir la corrupción y demás delitos. Quienes sostienen una visión culturalista serán renuentes a terminar con prácticas de patrimonialismo y nombramientos con base en lealtades personales y partidistas, y caerán con facilidad en la tentación de, al llegar al poder, renovar la mayor parte del personal de la administración pública con sus fieles, menoscabando la posibilidad de consolidar una memoria institucional imprescindible para desarrollar precisamente la capacidad del Estado para aplicar correctamente la ley, facilitar el buen gobierno y acotar la corrupción.

Una visión culturalista de la corrupción termina por victimizar a todos aquellos que no denuncian los delitos que sufren, pues equiparan la ausencia de dichas denuncias al desdén ciudadano por hacer cumplir la ley. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), dada a conocer la semana pasada por el INEGI, apunta que en 2015 sólo se denunció el 10.5% de los delitos. No sorprende este dato cuando la misma encuesta señala que en los casos que se denunció el delito, 45.9% de los encuestados reportan que no pasó nada o no se resolvió la denuncia. La debilidad institucional para combatir el crimen no distingue entre tipo de delito y la corrupción no es la excepción. Un botón de muestra adicional de dicha debilidad: de 448 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación entre 2000 y 2013, sólo cinco fueron concluidas. ¿Son estos resultados de la impunidad consecuencia de nuestra cultura que tolera la corrupción, o reflejo de nuestra fragilidad institucional?

Pese a un escenario de impunidad como el que se observa en nuestro país, y contrario al pesimismo culturalista que pareciera justificar la corrupción, de acuerdo a Latinobarómetro 2016, sólo 36% de los mexicanos dice estar de acuerdo en pagar el precio de cierto grado de corrupción en el gobierno bajo la lógica de que dicha corrupción permita que se solucionen los problemas del país. La gran mayoría de los mexicanos dice estar en desacuerdo con la tolerancia de la corrupción para resolver la problemática nacional.

Una visión culturalista desdeña la transparencia y la verificación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos como instrumento útil para acotar la corrupción. Una visión de este tipo se mira al ombligo nacional y está imposibilitada de aprender de mejores prácticas internacionales de países que han enfrentado problemas serios de corrupción (Rumania o Eslovenia), o países de América Latina (Chile y Costa Rica) que han adoptado este tipo de instrumentos para avanzar en su construcción institucional contra la corrupción.

Quizá sea por esa visión culturalista, en la que nadie puede ni debe tirar la piedra, que el gobierno del Presidente no puso al inicio de su agenda de transformación del país el combate a la corrupción como una prioridad para llevar a buen puerto el resto de las reformas estructurales que ha promovido.

Es evidente la extensión social de la enfermedad de la corrupción. Es un fenómeno que no se circunscribe a la clase política e involucra a muchos del sector privado que se han beneficiado de participar e incluso incitar actos de corrupción. Sin embargo, la explicación culturalista presidencial de este fenómeno es un reflejo de la incomprensión de sus causas estructurales. Es un argumento insuficiente que contrasta con el creciente número de voces que se levantan para no tolerar más situaciones corruptas y que han estado utilizando canales institucionales para presionar a nuestra clase política para asumir su liderazgo y construir juntos soluciones institucionales que comiencen a castigar las redes de la corrupción. El reto que tenemos como sociedad es lograr una transformación con instituciones profesionales que acoten la impunidad. La salud democrática mexicana depende en gran medida de afrontar exitosamente dicho reto y para ello es imprescindible abandonar explicaciones derrotistas que justifican en la cultura la precariedad de nuestro endeble Estado de derecho.

@marco_fdezm