¿Tenemos abandonado al Ejército?

Cuando empezó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, hace 10 años, se repitió que la participación de las fuerzas armadas en ese terreno sería temporal; que era imposible confiar en las policías, y que la intervención del Ejército era inevitable. Hoy, sobre todo luego de la emboscada ocurrida recientemente en Culiacán, hay dos expresiones que se repiten constantemente cuando se habla del Ejército: desgaste y sensación de abandono, aunque no menos adecuado es el término que usa Héctor Aguilar Camín: “hartazgo”. En efecto, las duras palabras del general Cienfuegos después de ese crimen atroz sugieren que a las fuerzas armadas se les acaba la paciencia con lo que les exigen sociedad, medios y Gobierno. ¿Tenemos abandonado al Ejército? ¿La exigencia que pesa sobre sus hombros es excesiva? De ser así, ¿qué herramientas en necesario otorgarle?

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Los últimos bomberos disponibles

Ernesto López Portillo

Director y fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).

¿Por qué mientras otros países jamás utilizan a sus fuerzas armadas para combatir la delincuencia, México hace lo contrario? Es una trampa en la que se puso el Estado a sí mismo. Les cuento.

“Nos olvidamos de nuestros cuerpos de policía”, afirmó hace un año en entrevista el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, explicando los motivos de su intervención en tareas de seguridad pública. “No estamos cómodos, no lo pedimos, no estudiamos para esto pero, además de cumplir la orden del Presidente, es la sociedad quien lo está pidiendo” (http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/10/08/ejercito-mexicano-seguira-las-calles-salvador-cienfuegos).

Ahora leemos en la prensa que la policía militar asumirá tareas de seguridad pública. En una nota fechada el 10 de octubre y que prácticamente pasó desapercibida, se informa que en la presente administración federal el número de policías militares creció 230%, pasando de seis mil a 14 mil integrantes. El 10% del total está desplegado “en apoyo a la estructura de la seguridad pública”. Por primera vez el Heroico Colegio Militar imparte la especialización de Policía Militar a sus cadetes. Se puso en marcha “un novedoso esquema de participación pública y privada para la construcción de cuarteles para esos elementos, los cuales desempeñarán labores de seguridad pública”. Ya opera este esquema en dos cuarteles que dan servicio a Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

La nota agrega al final: “La idea, explicaron mandos castrenses, es sacar de los operativos de seguridad pública a elementos de élite (paracaidistas y fuerzas especiales) y a otros agrupamientos (personal de artillería, blindados, caballería e ingenieros zarpadores) para que retomen su adiestramiento enfocado a lo que es su labor principal: la seguridad exterior y la defensa de la soberanía nacional”.

La seguridad pública se viste de verde. Hay quien dirá que esto no es nuevo. En realidad sí estamos ante un hecho inédito. La SEDENA ha decidido institucionalizar su intervención en tareas de seguridad pública desplegando a militares expresamente formados para ello.

¿Cómo llegamos a esto? Hay varios ingredientes. Primero, tal como lo dice Cienfuegos, la policía fue olvidada; pero además se permitió el colapso del sistema de justicia penal y se negó el desarrollo de políticas públicas integrales de prevención de la violencia y el delito. Lo anterior, sumado a las contradicciones estructurales que vienen masificando la marginación de millones, creando así poblaciones en riesgo de dimensiones inabarcables. En una palabra, se dejó incendiar la casa y ahora se usarán los últimos bomberos disponibles.

            Cuesta trabajo aceptar que alguna autoridad no haya previsto esto. Quienes en 1994 publicamos el primer libro especializado en seguridad pública en México, incluimos la alerta de la militarización de la seguridad pública justo porque hace dos décadas y media ya había voces proponiendo esa vía para enfrentar a la delincuencia organizada. Anotamos ahí nuestro desacuerdo y explicamos los riesgos (http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/SEGURIDAD-PUBLICA-EN-MEXICO.pdf).

La cesión de la seguridad por parte de los funcionarios civiles electos a manos de las instituciones armadas, ya sean civiles o militares, forma parte de lo que se ha denominado el “desgobierno político de la seguridad”, enfoque sobre el que vengo escribiendo al menos desde el año 2000 (http://archivo.eluniversal.com.mx/editoriales/47404.html).  Los titulares de los poderes ejecutivos federal, estatales y municipales, salvo contadas excepciones, han hecho un esfuerzo consistente para no hacerse cargo de la seguridad, optando por dos vías de escape: dejar el problema en manos de instituciones policiales abandonadas o bien en manos de los militares.

Nada es fortuito y aquí los resultados. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 del INEGI, una vez más, confirma lo que siempre hemos sabido: la mayoría de la sociedad confía en las fuerzas armadas y desconfía de las instituciones policías, en especial de las que tiene más cerca: las municipales. Y justo así se muestra el núcleo de la crisis policial en México. Mientras en el mundo se sabe que la mejor práctica es acercar a la policía y a la comunidad a la que debe servir, es exactamente ahí, en el terreno local, donde tenemos los peores resultados y lo que casi siempre encontramos es una fractura desfondada entre ambas partes.

Si alguien lo planeó le salió muy bien. La disfuncionalidad de la policía, la impunidad del delito y la crónica falta de respuestas integrales ante la violencia han sembrado la idea de que la puerta de salida está en el ejército. ¿Lo está? Apenas en el 2008 el constituyente permanente incluyó lo siguiente en el artículo 21 de la norma suprema: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”. La militarización de la seguridad pública da la espalda de manera directa a esta disposición constitucional, como la da al conocimiento internacional comparado, donde simplemente no es posible encontrar recomendación alguna que ofrezca la construcción sostenible de comunidades seguras y no violentas mediante las fuerzas armadas. Solo en el 2015 Insyde revisó más de 170 reportes sobre seguridad ciudadana, prevención del delito y la violencia y jamás, ni siquiera en un solo caso, se sugiere emplear a las fuerzas armadas en estas tareas.

La militarización de la seguridad pública también desconoce las recomendaciones por parte de los sistemas nacional e internacional de protección a los derechos humanos. “…es imperativo disminuir la participación del ejército en las actividades policiales”, se lee en el informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU del pasado 28 de abril de 2014: (http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9931.pdf?view=1). 

Tal vez no están cómodos en tareas de seguridad pública, como afirma Cienfuegos, pero la seguridad pública en México se viste de verde. Apenas se informó que en los últimos cinco años el número de militares desplegados de forma permanente en México para tareas de seguridad pública se ha duplicado. En 24 estados hay militares patrullando. El reportaje destaca que la mayor parte de las bases de operación mixtas donde participa el ejército están en el Estado de México (24) y en Guerrero (28) (http://www.animalpolitico.com/2016/10/pena-nieto-militares-seguridad-publica/), ambas entidades, por cierto, entre las cinco más altas en percepción de inseguridad y las dos por encima del promedio nacional de tasa de victimización por cada 100 mil habitantes. Por si fuera poco, según una reciente encuesta la mayor parte de los entrevistados cree que los criminales salen ganando cuando se enfrentan a los militares (http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/10/1121522#imagen-2).

Así, de un lado tenemos a la policía y al sistema de justicia penal muy por debajo de los mínimos y merecedores de la desconfianza mayoritaria; tenemos además la victimización y la percepción de inseguridad desbordados; por su parte, las políticas públicas de atención a la violencia están rezagadas por décadas y se multiplican las poblaciones sumidas en contextos de alto riesgo. Del otro lado, tenemos a las fuerzas armadas, ciertamente aún merecedoras de la confianza social mayoritaria, pero a la vez sometidas a un intenso desgaste asociado a tareas para las cuales no fueron creadas, parte del cual deriva de los casos que enseñan graves violaciones a los derechos humanos. En tal contexto, los militares exigen desde hace tiempo un marco jurídico ad hoc para sus labores de seguridad pública, a las que califican como de seguridad interior.

Los militares no salen a la calle en otros países y sí en México por la simple y sencilla razón de que el aquí Estado destruyó o nunca construyó un gobierno civil de la seguridad a favor de los ciudadanos. La gente pide a los militares en la calle porque no ve otra opción; simplemente no conoce autoridad civil alguna que lo proteja y le garantice el acceso a la justicia. Las personas esperan que los militares colmen el desamparo en el que las ha dejado la autoridad civil.

Un militar habría dicho que prefieren que no llegue la regulación para sus labores en la calle porque si llega jamás los van a retirar de esas tareas. Yo pienso exactamente igual. La regulación de la vía militar en tareas de seguridad pública puede ser el salto que la haga irreversible. Mi propuesta es otra: el Ejecutivo Federal debe cumplir la oferta que viene haciendo hace cuatro sexenios, es decir, construir un plan de salida de las fuerzas armadas de las tareas que no les corresponden. Un plan de salida militar que sólo es posible, si se me permite la expresión, con un plan de entrada policial. No lo invento yo: dijeron que la intervención militar era temporal. Para que lo sea, la autoridad civil debe gobernar la seguridad y con ello reconstruir a la policía (y al sistema de justicia penal).

Es simple. Ya hoy los gobiernos estatales y municipales usan la intervención militar para no hacer su parte. Imagínense qué harán si se regula la presencia militar sin mecanismo alguno de rendición de cuentas para esas autoridades civiles. La vía militar es en realidad un accidente para la cual los propios militares, como bien dice Cienfuegos, no están preparados.