¿Qué debe atender la constitución chilanga?

¡Ah, la carta magna de nuestra magna urbe! Está teniendo un nacimiento atropellado, por el escaso interés que generó en las urnas, por las sospechas de que puede convertirse en papel mojado incluso antes de nacer dada su condición subordinada frente a la Constitución de todos los mexicanos, por la compleja estructura que da cobijo a quienes deben redactarla, por la posible, probable tentación de armar nuevos entramados burocráticos a su amparo y –faltaba más– por la excesiva influencia que parece tener en su elaboración el Ejecutivo federal. Así, es momento de pensar qué debe atender y qué no, cuáles deben ser sus prioridades, de manera que el papel que va a guiar nuestros destinos nazca razonablemente seco.

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La constitución de lo constituido

Roberto Gil Zuarth

Senador de la República y diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

¿Qué significado y relevancia tiene el proceso de creación de la constitución de la Ciudad de México? ¿Cuál es el sentido político y jurídico de dotar a la capital del país de una norma así denominada? ¿Es en realidad un proceso constitucional o más bien el uso interesado de una categoría jurídica con fines de legitimación política?

La cuestión de la constitución de la Ciudad de México plantea distintos problemas. En primer lugar, no hay nada por "constituir". La Ciudad de México es una comunidad política y un orden jurídico definidos por la Constitución General de la República. En efecto, ahí se encuentra dibujada –constituida– esta ciudad. El territorio, las personas que pueden mandar y las que deben obedecer, los contenidos mínimos y máximos, prohibidos o potestativos, de las relaciones que se desenvuelven en esa comunidad se encuentran determinados por una norma de mayor jerarquía, indisponible y justiciable. Todos estos ámbitos preceden a cualquier prescripción de la constitución local. En segundo lugar, la Asamblea Constituyente no es propiamente un "poder constituyente", ni la constitución resultante será una norma suprema en sentido estricto. Asamblea y constitución están formal y materialmente subordinadas no sólo a la Constitución General, sino al sistema de fuentes que emanan directamente de ésta (tratados internacionales, leyes generales, códigos y sistemas nacionales). Las decisiones de la Asamblea y las reglas de la constitución de la Ciudad son "derrotables" por otras normas en caso de conflicto. En tercer lugar, tiene condición de "constitución" no por sus características formales o materiales intrínsecas, sino porque la Constitución General le asigna un lugar y alcance específico en el orden jurídico local. La constitución de la Ciudad es fuente de validez de actos de creación jurídica porque la otra, la Constitución mayor, así lo establece. Su legitimidad no depende de su contenido, su autoridad no radica en la capacidad de sus emisores de imponerla, su vigencia no es un hecho político sino una consecuencia normativa.

Entonces ¿por qué y para qué necesitamos una constitución para la Ciudad de México? Justo en esta pregunta empiezan los problemas analíticos y por supuesto, las diferencias políticas. En la dificultad de ofrecer una respuesta, en el vacío conceptual, se explica en buena medida el desinterés generalizado sobre el proceso constituyente y los recurrentes extravíos en las propuestas y posiciones sobre lo que debe contener. Dos tesis se suelen repetir para salir al paso de esta interrogante. La primera tesis afirma que la ciudad y sus ciudadanos necesitamos una constitución para hacer efectivo nuestro derecho a la autodeterminación, es decir, para que la "soberanía originaria de la ciudad" (sic) pueda expresarse y materializarse en un consenso juridificado. Sucede, sin embargo, que la ciudad ya está determinada y la soberanía popular no es tal, por la sencilla razón de que se trata de una realidad política regulada. Insisto: las fronteras de la configuración de la vida en la ciudad están normativamente señaladas y sólo las puede alterar el poder revisor de la Constitución General. La segunda sostiene que en la Ciudad tienen vigencia ciertos derechos que deben petrificarse, esculpirse en piedra constitucional, para que nadie no los quite, limite o condicione o, incluso, para que por efecto pedagógico se vuelvan realidades en otras jurisdicciones. Aunque suene anticlimático: la vigencia y exigibilidad de cualquier derecho humano o libertad pública no depende de que la constitución local los reconozca o mencione. Derivan de la Constitución General y de los Tratados Internacionales, en razón de la cláusula de apertura prevista en el artículo 1º de aquella. No tiene mucho sentido quebrarse la cabeza con nuevas formulaciones lingüísticas sobre derechos, ni invertir tinta en catálogos interminables de concreciones eufemísticas. Están ya todos, sea por su inclusión expresa en la Constitución General o por la posibilidad de derivarlos de los principios de dignidad, libertad, autonomía personal e igualdad. Son de aplicación progresiva e irreversible, no porque los repita la constitución local, sino porque así lo mandata la general.

La función de la constitución de la ciudad es un poco más modesta: fijar el mandato, las características y las dinámicas de interacción de las instituciones básicas de la ciudad. De esas instituciones que deben pacificar conflictos, modular relaciones, redistribuir recursos, proveer de bienes públicos. Rigidizar un determinado modelo institucional para que no esté sujeto al capricho de las mayorías coyunturales. Antes que reivindicativa de conquistas ideológicas o la expresión simbólica de una forma política de entender la convivencia, su vocación es instrumental: establecer las dimensiones de realización de las políticas y de los servicios públicos, definir los grados de descentralización de las funciones administrativas, decidir el perfil pertinente de los órganos que habrán de ejercer ciertas competencias, crear los cercos de responsabilidades y los tramos de rendición de cuentas. Su sustancia es el quién y el cómo de la gestión de las necesidades y derechos de los ciudadanos. Las instituciones de respuesta, en síntesis, a las demandas de los que aquí habitamos.