¿Qué debe atender la constitución chilanga?

¡Ah, la carta magna de nuestra magna urbe! Está teniendo un nacimiento atropellado, por el escaso interés que generó en las urnas, por las sospechas de que puede convertirse en papel mojado incluso antes de nacer dada su condición subordinada frente a la Constitución de todos los mexicanos, por la compleja estructura que da cobijo a quienes deben redactarla, por la posible, probable tentación de armar nuevos entramados burocráticos a su amparo y –faltaba más– por la excesiva influencia que parece tener en su elaboración el Ejecutivo federal. Así, es momento de pensar qué debe atender y qué no, cuáles deben ser sus prioridades, de manera que el papel que va a guiar nuestros destinos nazca razonablemente seco.

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Ganar lo que se perdió en las urnas

Lisa Sánchez

Maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics. Coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la ...

Tan sólo unas horas antes de que el presidente Enrique Peña Nieto diera el grito de independencia más desangelado del que tengo memoria, en la capital del país sucedía un hecho sin precedentes: el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera entregaba a la Asamblea Constituyente el primer "Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México". Primera para la ciudad y última para las entidades federativas, la Constitución CDMX ha dado mucho de qué hablar. De acuerdo con sus redactores, el texto es un instrumento jurídico con el que se pretende revertir "la subordinación política y marginación económica [...] que desde sus orígenes han vivido los pobladores de la ciudad". Para sus detractores, el proyecto no es más que una especie de ley secundaria que en el mejor de los casos servirá para expandir derechos y reglamentar lo ya establecido en el artículo 122 constitucional, y en el peor, para crear un Frankenstein jurídico del que sólo se beneficiarán los poderes políticos constituidos. Para mí, simple habitante de esta caótica megalópolis, la Constitución permanece un enigma del que me preocupa más de un detalle...

Primero, el proceso de elaboración-adopción. Recordemos que este primer borrador fue elaborado por una Comisión Ejecutiva compuesta por 30 representantes de los ámbitos político, social y privado que, a su vez, recibieron el auxilio de una veintena de ciudadanos formalizados en un Consejo Asesor Externo. Ambos grupos estuvieron compuestos por miembros relativamente "progres" de la sociedad que defendieron la voluntad garantista y vanguardista de la ciudad. Sin embargo, el producto de sus deliberaciones será entregado a 100 diputados y diputadas constituyentes (99 al momento de escribir estas líneas) que no necesariamente la comparten y que en números netos no corresponden al perfil político de la autoridad que usted y yo hemos elegido democráticamente desde 1997. De hecho, las visiones más conservadoras en lo social y más liberales en lo económico pero sobre todo menos democráticas en lo político están sobrerrepresentadas en los 40 constituyentes nombrados por las cámaras y el ejecutivo federal. Y el colmo es que no me queda claro cómo se decidió que el constituyente más viejo ocupara la presidencia de la mesa directiva y cómo nadie pensó que Peña no tendría empacho en nominar un cuasi-nonagenario para secuestrar el proceso. ¿De verdad será una asamblea constituyente de 61 años en promedio la encargada de introducirnos al nuevo milenio?

Segundo, el contenido. El proyecto de Constitución cuenta con 76 artículos cuyas fracciones se desarrollan en más de 600 párrafos que en total llenan un centenar de páginas. Es sencillamente demasiado. Sobre todo si se toma en cuenta que la principal característica de una constitución es que su contenido debe quedar claro y ser inteligible para todos. Reconozco, sin embargo, que gran parte de este problema se deriva de la voluntad de expandir la base de derechos tutelados tomando como piso lo establecido por el marco jurídico nacional y como techo lo aprobado a nivel internacional, los avances conquistados por la vía de políticas públicas y jurisprudencia y las aspiraciones a largo plazo de una ciudad que se asume diversa e incluyente. Pero en ese afán abarcador lo metimos todo ahí, desde el derecho a la memoria, la educación sexual y el libre desarrollo de la personalidad hasta el derecho a defender derechos. Maravilloso, no me malinterpreten, pero en la ciudad donde el acoso en el transporte público se combate con silbatos, enunciar derechos no es lo mismo que garantizar su ejercicio. Para ello, es necesario definir criterios y formas de administración que sobrevivan el test de la distribución de competencias y los embates políticos (cosa que, por cierto, se ve difícil si se autoriza la promoción de acciones ciudadanas de inconstitucionalidad con umbrales de participación tan bajos como los 10,000 solicitantes).

Tercero, la implementación. Si vamos a ser la ciudad de "todos los derechos para todas las personas" (como versa el slogan del Secretario General de la OEA, Luis Almagro), tendremos que corregir no sólo la mala técnica legislativa del proyecto constitucional sino el diseño institucional que tenemos y que pretendemos modificar con los títulos cuarto y quinto, relativos a la distribución del poder y la buena administración. Lo mismo ocurre con nuestra relación con la federación, pues mientras me parece una gran idea que se aproveche, entre otros, el principio de oportunidad para implementar políticas más eficaces y humanas (como la no persecución penal del consumo de cannabis), asumir que el fondo de capitalidad será el cuerno de la abundancia del que emanarán recursos ilimitados para materializar reformas ilimitadas me parece un error. Implementar la Constitución requerirá forzosamente de mayores responsabilidades para ciudadanos y autoridades al tiempo en que se asume una dosis de realismo: planeando, priorizando, presupuestando y evaluando las reformas, pues como dice el dicho "Roma no se construyó en un día".

Apunte final: debe existir una sola persona en el mundo que entiende la fórmula con la que se calculó el número de diputados y diputadas constituyentes nominadas por los partidos. A mí todavía no me queda claro cómo esta Asamblea es representativa del momento histórico que vivimos y de la voluntad popular cuando el PRI y el PVEM logran triplicar su presencia por la vía de nominaciones, el PAN doblarla y de los independientes sólo llega uno. Ah y tampoco entiendo cómo es que en todos los partidos las vacas están tan flacas que hay más actores que constitucionalistas. Me parece que la apuesta aquí fue ganar en la Constituyente lo que se perdió en las urnas.