¿Qué debe atender la constitución chilanga?

¡Ah, la carta magna de nuestra magna urbe! Está teniendo un nacimiento atropellado, por el escaso interés que generó en las urnas, por las sospechas de que puede convertirse en papel mojado incluso antes de nacer dada su condición subordinada frente a la Constitución de todos los mexicanos, por la compleja estructura que da cobijo a quienes deben redactarla, por la posible, probable tentación de armar nuevos entramados burocráticos a su amparo y –faltaba más– por la excesiva influencia que parece tener en su elaboración el Ejecutivo federal. Así, es momento de pensar qué debe atender y qué no, cuáles deben ser sus prioridades, de manera que el papel que va a guiar nuestros destinos nazca razonablemente seco.

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El pavimento del camino del infierno

Jorge Javier Romero Vadillo

Politólogo: UAM, UNAM. Presidente del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas.

La primera vez que escribí sobre mi escepticismo respecto al proceso constituyente de la Ciudad de México, José Woldenberg me recriminó con sorna que dejara de ser analista para convertirme en augur. Decía yo que la constitución de la Ciudad había muerto en la cuna, pues no iba a ser un ordenamiento con suficiente legitimidad para normar con eficacia la vida política y social de la Ciudad, no sólo por la proverbial desconfianza de la sociedad mexicana respecto al orden jurídico, sino, sobre todo, porque iba a ser producto de una asamblea constituyente donde buena parte de sus integrantes sería nombrada a dedo por el presidente de la República, por el jefe de Gobierno y por los partidos políticos en la Cámara de Diputados y en el Senado. La integración de la asamblea tiene parecido con el Senado de la constitución de Pinochet de 1980 o con la del legislativo de los militares en Myanmar, ninguno de los dos ejemplo de democracia prístina.

A ese pecado original, se le suma ahora el proyecto elaborado por un grupo de notables nombrados por el jefe de Gobierno, que a su vez fueron asesorados por otro grupo de notables también nombrado por el jefe de Gobierno. Varios de ellos tienen, a no dudarlo, credenciales suficientes para plantear un proyecto coherente de Constitución. Sin embargo, me parece que Miguel Ángel Mancera usó la ponencia constitucional para quedar bien con los diferentes grupos con base en los que quisiera construir su candidatura a la presidencia, más que para proponer un instrumento constitucional para modernizar la gestión pública en la ciudad.

Visto apresuradamente, el proyecto que finalmente ha entregado el jefe de Gobierno al constituyente adolece de uno de los principales defectos del constitucionalismo mexicano a lo largo de la historia: es más un programa político que un conjunto de normas exigibles y aplicables para regular la gobernación y reducir la conflictividad social. Se trata de una muestra más de una carta de deseos que refleja una de las vertientes de la relación de la sociedad mexicana con la ley: muchos creen que basta con decretar algo en la legislación para que, como por ensalmo, ello se vuelva realidad. Lamentablemente, esta ingenuidad tiene su correlato: precisamente como buena parte de lo asentado en la ley es irrealizable, entonces toda la legislación se convierte en una entelequia que puede ser violada sin consecuencias.

Intento reprimir mi augurio pesimista. Algunos de los temas asentados en la iniciativa constitucional pueden significar avances relevantes para las libertades y los derechos de los habitantes de la ciudad. Entonces leo a Ana Laura Magaloni –una de las notables que firma el proyecto y diputada constituyente nombrada por Mancera– y el optimismo se me pasa. Si de verdad los derechos establecidos en la nueva carta van a ser exigibles, entonces no van a alcanzar ni los recursos ni la estructura administrativa y la amenaza de parálisis será cotidiana. Señala con agudeza la jurista que sería preferible que la carta orientara el uso de los recursos públicos para revertir la desigualdad social y construir un suelo básico de igualdad jurídica y material entre las personas. Para ello, se deberían establecer normas constitucionales de priorización de recursos presupuestales y no una carta de derechos exigibles que al final de cuentas va a beneficiar principalmente a quienes cuenten con recursos económicos y políticos para litigar su cumplimiento. Así, digo yo, el clientelismo, tan arraigado en la cultura política nacional, tendrá aquí un asidero constitucional para fortalecerse con fachada de legalidad.

Desde la exposición de motivos, la constitución en ciernes tiene un aroma de pretensión refundacional. Por obra y gracia de la primera constitución mexicana del siglo XXI, la ciudad caótica, desordenada, sucia, ruidosa, contaminada hasta la náusea, fea e invivible, se va a convertir en un trasunto de Copenhague en el valle de Anáhuac. Claro que se curaron en salud y le agregaron el adverbio "progresivamente" en varios puntos, con lo que la transformación podrá durar "Ad kalendas graecas", es decir, hasta el final de nuestros tiempos, cosa bastante más verosímil que el modelo idealizado que nos presentan.

De todo trae el proyecto constitución y para todos los gustos progres: renta básica universal, derechos varios, despenalización completa del consumo de cannabis de manera poco clara (y lo digo cuando esa ha sido una de mis causas de los últimos años), aumento del nivel de vida, sanidad universal y demás asuntos para construir una arcadia socialdemócrata. El pequeño detalle es que, a la hora del financiamiento, lo principal se concentra en la declaración de que las participaciones fiscales federales se orientaran principalmente a estos fines. Como siempre, eso de cobrar impuestos no reditúa, por lo que mejor ni menearle.

Yo hubiera preferido una constitución que se esforzara por reorganizar con eficacia la administración pública de la ciudad, no con más sino con mejores instancias de gobierno. El proyecto refleja una visión híbrida que, por una parte, abre la posibilidad de gobiernos de coalición, con cierta influencia parlamentaria, mientras en las "demarcaciones territoriales" (horrendo nombre) se reproduce y refuerza el presidencialismo con un alcalde sometido al control del concejo, pero sin concejales con atribuciones ni responsabilidades gubernativas, por lo que los alcaldes nombrarán sus gabinetes con la misma discrecionalidad actual y, además, los concejales cobrarán su sueldo. Una buena ruta para la parálisis. Se habla en la exposición de motivos de un "servicio civil de carrera", así, en anglicismo, para la administración pública, lo mismo que para los órganos autónomo que se multiplican y para el poder judicial. Sin embargo, no queda clara la universalidad del principio del mérito para el ingreso, la promoción y la permanencia de los servidores públicos.

Hay más perlas, como la idiotez de la prohibición de los productos genéticamente modificados o la promoción de la agricultura orgánica. En fin, una constitución políticamente correcta que, me temo, resultará en buena medida papel mojado, cuando no se convierta en un obstáculo para la administración ágil y eficaz de los problemas urbanos. Espero que mi augurio no sea como los de Casandra.