¿Qué debe atender la constitución chilanga?

¡Ah, la carta magna de nuestra magna urbe! Está teniendo un nacimiento atropellado, por el escaso interés que generó en las urnas, por las sospechas de que puede convertirse en papel mojado incluso antes de nacer dada su condición subordinada frente a la Constitución de todos los mexicanos, por la compleja estructura que da cobijo a quienes deben redactarla, por la posible, probable tentación de armar nuevos entramados burocráticos a su amparo y –faltaba más– por la excesiva influencia que parece tener en su elaboración el Ejecutivo federal. Así, es momento de pensar qué debe atender y qué no, cuáles deben ser sus prioridades, de manera que el papel que va a guiar nuestros destinos nazca razonablemente seco.

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Sociedad de derechos vs sociedad de prohibiciones

Jesús Ortega Martínez

Diputado del PRD para la Asamblea Constituyente.

Durante toda su existencia viviendo en sociedad, la humanidad se ha enfrentado al dilema de reconocerse como expresión de un derecho propio o como manifestación de una concesión. Durante siglos y siglos, se pensó que la humanidad existía por que así lo quiso un poder divino. Dios nos creaba y nuestra existencia dependía de su voluntad. Por ello el surgimiento de las religiones y la presencia, tan intimidante e influyente, de los representantes de los dioses.

Tuvieron que sucederse verdaderas revoluciones en el pensamiento para que esta forma de integrismo comenzara a dejarse atrás y aparecieran la razón y con ella, acompañándola de manera permanente, los derechos humanos.

Han pasado siglos y ahora mismo se continúa debatiendo si los humanos tenemos derechos propios o, en sentido contrario, solo tenemos concesiones de un poder, sea este de origen terrenal o de origen divino.

Esta antigua discusión, que lleva miles de años, continúa presente en pleno siglo XXI. Por ejemplo, la estamos viviendo ahora en México con el debate sobre la familia y los matrimonios. Para los representantes de los dioses, la familia puede ser, únicamente, la que ellos conciben, y por lo tanto cualquier forma diferente de unión entre personas es, repiten y repiten, una aberración.

La familia debe ser, dicen los ministros religiosos y los líderes conservadores y autoritarios, la unión de un hombre y una mujer, y solo puede ser entendida para la reproducción. ¡Quien ose combatir esta visión se encuentra en pecado y merece el castigo divino!

Ellos prohíben cualquier pensamiento diferente al suyo y, en consecuencia, prohíben, como es el caso, cualquier otra forma de unión familiar.

Eso es solo un caso, porque los representantes de Dios y los dictadores siempre prohíben, prohíben, prohíben, porque es la única explicación para su existencia. Pero si prohibir le es consustancial al poder divino, a sus representantes, o a poderes terrenales autoritarios, ello no puede ser razonable para sustentar la existencia de los poderes civiles, que como ahora sabemos se deben sostener en la soberanía popular y en la democracia.

Los poderes civiles que son democráticos deben su existencia a garantizar la vigencia y aplicabilidad de los derechos humanos.

¿Pero que tiene que ver esto con el asunto de la Constitución de la Ciudad de México? Pues mucho, porque de lo que se trata con la creación de una Constitución para esta gran ciudad es de reafirmar un concepto de gobernabilidad sustentado en la democracia y en los derechos humanos y por ello mismo en la necesidad de rechazar los usos y costumbres que se apoyan en las prohibiciones.

En lugar de prohibir la diferencia, la Constitución de la ciudad de México debe alentarla, protegerla, promoverla, garantizarla.

En lugar de prohibir la libertad, hay que garantizar este derecho humano fundamental y por lo tanto hay que establecer una forma de gobierno representativa, democrática, paritaria, igualitaria y laica.

En lugar de prohibir la amplia participación ciudadana, hay que establecer el derecho para que las mujeres y los hombres de esta ciudad puedan participar en las decisiones de gobierno a través de formas nuevas e innovadoras de la democracia participativa y representativa.

En lugar de prohibir el conocimiento, hay que garantizar que todas las personas puedan acceder la educación, a la ciencia, a los diversos pensamientos, a la información política, a la información sobre la sexualidad, a la crítica más amplia y diversa.

En lugar de prohibir la confrontación de las ideas, hay que alentar, desde la Constitución de la ciudad, la pluralidad política, ideológica, política y social.

En lugar de prohibir, hay que reconocer derechos. Esto podría contribuir a que la capital de nuestro país sea ejemplo de una sociedad civilizada y democrática, de una sociedad de derechos.

Esa posibilidad existe con la Constitución de la Ciudad de México.