¿Qué debe atender la constitución chilanga?

¡Ah, la carta magna de nuestra magna urbe! Está teniendo un nacimiento atropellado, por el escaso interés que generó en las urnas, por las sospechas de que puede convertirse en papel mojado incluso antes de nacer dada su condición subordinada frente a la Constitución de todos los mexicanos, por la compleja estructura que da cobijo a quienes deben redactarla, por la posible, probable tentación de armar nuevos entramados burocráticos a su amparo y –faltaba más– por la excesiva influencia que parece tener en su elaboración el Ejecutivo federal. Así, es momento de pensar qué debe atender y qué no, cuáles deben ser sus prioridades, de manera que el papel que va a guiar nuestros destinos nazca razonablemente seco.

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Un Constituyente dialogante y efectivo

Mara I. Hernández

Es doctora por el MIT, especializada en negociación política y deliberación. Obtuvo el título de maestría en la Universidad de Harvard y es ...

Voy a resistir la tentación de escribir mi carta a Santa Claus sobre lo que  considero que debería contener el texto constitucional para centrarme mejor en dos aspectos medulares que el proceso de negociación y deliberación de la Constitución de la CDMX deberán contemplar para producir un texto que, sin ambigüedades, constituya un avance democrático para la ciudad y por ende para México. Estos dos aspectos son: 1) legitimidad democrática de esa que sólo puede emanar de procesos deliberativos plurales e incluyentes, y 2) negociación efectiva en la construcción de una coalición vanguardista amplia y capaz de construir la mayoría parlamentaria requerida para hacer valer las demandas que emanen con mayor contundencia de la deliberación.

Sobre el asunto de la legitimidad se habla mucho pero poco se conceptualiza. De acuerdo con la RAE, “legítimo” es aquello que consideramos “cierto, genuino y verdadero en cualquier línea”. Hay al menos tres tradiciones de pensamiento jurídico y político que han propuesto criterios para definir cuándo una ley o decisión pública vinculante puede considerarse cierta, genuina o verdaderamente en línea con el interés público. La primera es la comúnmente llamada iusnaturalista, que remite a principios universales asociados sobre todo al pensamiento católico o judeocristiano: es legítimo lo que vaya acorde con la esencia divina o natural del ser humano. Todas las religiones tienen sus versiones sobre en qué exactamente consiste esa esencia. Desde esta perspectiva, por ejemplo, todos las libertades recientemente ganadas en la ciudad –como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el matrimonio igualitario y hasta el derecho al divorcio– sería ilegitimas. La segunda tradición equipara legitimidad con legalidad: no nos hagamos bolas, en una sociedad moderna donde existe separación iglesia y Estado, sólo puede considerarse legítimo lo que marca la ley. Esta definición funciona bastante bien en democracias constitucionales establecidas, donde existe confianza en el proceso legislativo, pero los mexicanos tenemos suficientes ejemplos de cómo la ley se ha distorsionado en beneficio de actores poderosos –ejemplo: la ley Televisa de 2006– como para poner en duda la bondad intrínseca de lo que marca la ley. Para una tercera tradición que agrada mucho a los políticos populistas, legitimidad es sinónimo de popularidad. Es decir, si las marchas contra el matrimonio igualitario o las políticas antiinmigrantes de Trump tienen el respaldo de la mayoría, entonces son legítimas. La mayoría tiene la razón, pues.

Es el filósofo alemán Jürgen Habermas quien ha planteado una cuarta vía para conceptualizar la legitimidad en sociedades complejas, plurales y seculares.  Esta vía ha sido retomada por varios de los principales filósofos políticos de nuestro tiempo y ha sido bautizada como el “giro deliberativo”. Esta tradición plantea que las decisiones que toman los gobernantes sólo son legítimas si pueden fundarse y motivarse en la discusión pública y si el proceso que les dio origen permitió que se ventilaran los distintos argumentos sobre el tema en un intercambio incluyente y libre de coerción. Es decir, la ley es legítima sólo si emana de un proceso deliberativo de calidad y retoma las ideas que emanan con mayor fuerza de dicho proceso.

Al mismo tiempo, todo proceso legislativo requiere de la construcción de mayorías para aprobar legislación. Cuando la deliberación permite alcanzar consensos, la negociación se vuelve innecesaria. Sin embargo, siempre hay temas que dividen a la opinión pública y a los expertos incluso tras haber deliberado ampliamente. También hay actores políticos que prefieren representar a intereses particulares antes que votar en línea con el interés público. Ello implica que, además de deliberación, la producción de legislación legítima requiere de la capacidad de los tomadores de decisiones para negociar coaliciones capaces de impulsar los cambios que la deliberación haya permitido identificar como prioritarios. Esto es particularmente cierto en cuerpos legislativos donde ningún partido tiene la mayoría, como es el caso de la Asamblea Constituyente. Desafortunadamente, en el contexto de nuestra incipiente cultura de negociación, las discusiones legislativas con frecuencia derivan en parálisis o en la conformación mecánica de mayorías ajenas a la deliberación pública. Cualquiera de estos dos escenarios serían muy lamentables en el caso de la constitución de la Ciudad de México.

El constituyente ya nació con importantes déficits de legitimidad al reservar 40% de los escaños a designaciones de carácter político-partidistas mayoritariamente ajenas a la ciudad y plantear un esquema de participación ciudadana que tornó inviables las candidaturas independientes no-corporativas. Sin embargo, en la práctica, el proceso de elaboración del texto mediante la conformación de un grupo plural de expertos, cuya integración fue desde un inicio del dominio público, y los amplios debates que se han gestado en torno los distintos temas que abordará, constituyen pasos importantes en la construcción de un proyecto de constitución que parta de un piso mínimo de legitimidad democrática.  Este piso incluye un catálogo de derechos amplio y progresista que refleja los avances que ha tenido la ciudad en esta materia; también están nuevos derechos, como es el derecho a la ciudad, entre otros. Otra buena noticia es que este primer texto ya es producto de una coalición plural de expertos que integró el grupo redactor y que está comprometida políticamente a impulsar el texto en el proceso constituyente formal. Es decir, los integrantes del grupo redactor no sólo deliberaron, también parecen haber construido acuerdos que reflejan las distintas prioridades de sus integrantes.

Pese a estos aspectos positivos, es importante destacar que el texto es mejorable en aspectos importantes como el establecimiento de contrapesos ciudadanos en materia de planeación, o el diseño y atribuciones de los concejos a los que deberán rendir cuentas los alcaldes. Tampoco se establecen las bases de un parlamento abierto para la ciudad donde se establezcan los estándares de transparencia y participación ciudadana que se requieren para que, en adelante, se incremente la legitimidad de las leyes que los capitalinos nos demos. Además, es posible anticipar que los constituyentes busquen conformar coaliciones para echar atrás aspectos del texto que puedan ser incómodos para los partidos, el gobierno de la ciudad o grupos de interés poderosos. También está el amplio consenso ciudadano que existe en torno a la exigencia de mecanismos efectivos para abatir la corrupción y la impunidad; habrá que ver si esto se retoma en el texto final.

En resumen, la moneda está en el aire, y mucho dependerá de la imaginación política del grupo redactor, de los demás constituyentes y de otros actores relevantes para darle a este proceso una trayectoria que permita añadir mayor legitimidad y efectividad negociadora al proceso. Estemos atentos y exigentes de un constituyente legítimo y efectivo.