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Entresijos del Derecho

¿Un nuevo modelo de seguridad?

Sergio López Ayllón

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Los mexicanos votamos. Sufragamos mayoritariamente por un país más incluyente, con menos privilegios y desigualdad, con seguridad y crecimiento, sin impunidad ni corrupción. El reto para los recién electos —con su enorme base de legitimidad— es pasar del discurso de campaña al ejercicio de un gobierno efectivo y democrático. Este es un paso extraordinariamente complejo. Y para el resto de nosotros, el reto es convertirnos también en actores de cambio, que aportemos ideas, recursos y conductas,  así como el ejercicio responsable de la crítica.

La construcción de ese nuevo estado de cosas pasa necesariamente por una revisión profunda de algunas de las instituciones y las políticas jurídicas. Se trata de reconstruir las bases del estado de derecho. Hay algunas señales positivas en esta dirección que, lamentablemente, se han banalizado en la estridencia mediática. Veamos brevemente algunas de ellas.

El primer asunto que destaca en la conversación pública es el debate sobre la “fiscalía que sirva”. La futura secretaria de Gobernación ha dicho y vuelto a decir que el asunto no se resuelve solo con designar a un fiscal autónomo, sino que es necesario repensar y reconstruir toda la estructura de la fiscalía —en realidad, de todas las procuradurías del país—, para tener, entre otros elementos, ministerios públicos profesionales e independientes, así como una policía científica capacitada. Estoy convencido que tiene toda la razón.

Mientras sigamos pensando que basta una reforma al artículo 102 constitucional cometemos un grave error. Podemos designar al “mejor” fiscal imaginable, pero sin una reforma estructural y de raíz a las fiscalías, que incluya un nuevo modelo nacional de procuración de justicia (que contemple entre otros elementos un modelo de investigación, una política criminal, un sistema de coordinación y un servicio profesional de carrera) nos vamos a volver a estrellar con una pared. En ese camino, creo necesario pensar en una reforma constitucional integral que permita articular adecuadamente las diferentes piezas del nuevo sistema y que incluye, al menos, retocar los artículo 21, 73, 102 y 116 de la Constitución.

Un segundo asunto tiene que ver con lo que se ha denominado “amnistía”. El asunto se ha reducido en la opinión pública a un mero “perdón” a los delincuentes. De nueva cuenta, la ex ministra Olga Sánchez Cordero ha explicado ad nauseam que se trata de un proceso integral de pacificación y reconstrucción del tejido social, gravemente dañado por la violencia. La reducción de penas o la liberación de ciertos detenidos que son mayormente víctimas de las circunstancias (económicas o de coacción) es solo un elemento de una política más amplia. En el fondo lo que propone es un modelo de justicia transicional que supone una intervención de muchos niveles del Estado para pacificar las zonas de conflicto.

Un tercer elemento es la despenalización —que no la legalización— de la mariguana y una política de drogas radicalmente distinta, que siga tendencias adoptadas en otros países. Se trata de no usar la violencia como arma contra la violencia, sino de generar nuevas condiciones que combatan la pobreza y la marginación que han favorecido en diferentes regiones del país el cultivo y tráfico de amapola. Avanzar en esta vía permitirá liberar recursos importantes para atender conductas mucho más dañinas. El asunto no es sencillo, pero debe celebrarse que se intente una nueva aproximación al problema.

La construcción de un nuevo estado de derecho no pasa solo por estos temas.Otras dimensiones relevantes tienen que ver con una renovada política migratoria, la defensa de los derechos humanos y una reconstrucción de los poderes judiciales locales.

La preocupación central del nuevo gobierno es contener la violencia. No es para menos. Lo que está en juego es simplemente la gobernabilidad del país. Sánchez Cordero ha dicho —con toda razón— que no se justifica la existencia de un Estado si no es capaz de otorgar seguridad a su población. Este es el gran reto, y se requerirá no solo voluntad política, sino también perseverancia, visión de largo plazo, claridad en los propósitos y un uso diferente de las herramientas del
Estado. Ojalá así sea.

*Director e investigador del CIDE

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