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Jueves , 21.06.2018 / 00:00 Hoy

La paradigmática sentencia de Mariana Lima

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A casi tres años en que fuera resuelto, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primer caso de feminicidio, es preocupante que casos de muertes violentas de mujeres sigan siendo investigados sin perspectiva de género.

Las más importantes conclusiones a las que se llegó en la primera sala, con esta sentencia, y que llevaron a hacer de este fallo un fallo histórico fueron: destacar las obligaciones que tienen las autoridades cuando se encuentren investigando una muerte violenta y, específicamente, la muerte violenta de una mujer; que se requiere impartir justicia con perspectiva de género, que el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género —lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad—.

Además, la sentencia señaló que se requería que la Federación, las entidades federativas y Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, elaboraran y aplicaran protocolos especializados en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas, así como contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.

Es por eso que causa indignación, tan solo el escuchar, que en el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2018 el Congreso de Michoacán aprobaría que, dentro de los servicios que presta la Procuraduría General de Justicia del estado, se cobrarían los estudios periciales para que las mujeres pudieran comprobar que fueron violentadas (pagarían tres certificados: uno por violencia física, otro de violencia psicológica y un estudio de visita domiciliaria, pagando en total, alrededor de mil 500 pesos). Las repercusiones de esta medida son múltiples: se generaría ahora violencia institucional, la medida sería altamente discriminatoria, se atentaría contra la dignidad de la mujer y se inhibiría de la posibilidad de denuncia. Todas y todos sabemos que muchas de estas denuncias significan la posibilidad de una muerte anunciada.

Tenemos que preguntarnos: ¿representa realmente una carga presupuestal si son gratuitos estos certificados? ¿Nuestras mujeres tienen para pagarlos? ¿Podría una niña indígena, sumida en la pobreza y en la violencia, costearlos?

En el informe de Inmujeres —citado por adn40—, se reveló que en 2017 se cometieron 12 mil 811 casos de muertes de mujeres con presunción de homicidio, lo que convirtió a este año en uno de los más violentos contra las mujeres.

Señala que de los 239 casos en los que hay certeza de feminicidio, gran parte de ellos conllevo el uso de violencia, algunos de ellos con métodos como el ahorcamiento, al ahogamiento, la inmersión, o el uso de armas blancas o de fuego. Todos conocimos el caso de Mara Fernanda en Puebla, o el caso de la “niña de las calcetitas rojas”, que después de ser violada, fue asesinada.

Ante esta alarmante situación, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) manifestó que éste incremento se debió, en gran parte, a una falta de respuesta efectiva de las autoridades, sobre todo a escala local.

No bastan las alertas de género, y aunque hay que reconocer que hay un proyecto nacional en el que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ha creado y fortalecido los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), en los cuales se busca dar respuesta a las obligaciones en materia de atención y prevención de la violencia, y ello, aunado a la labor que desempeña el Instituto Nacional de las Mujeres, aún falta coordinación entre los tres niveles de gobierno y los poderes públicos.

Todas las autoridades investigadoras deben cumplir con su obligación de agotar todas las líneas posibles, con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido. Se debe tomar como una posible línea de investigación el hecho de que la mujer muerta haya sido víctima de violencia de género.

Todos los casos de muertes de mujeres, incluidas aquellas que prima facie parecerían haber sido causadas por otros motivos (secuestros, asaltos, robos, accidentes e incluso, suicidios), deben de investigarse con perspectiva de género para poder determinar si hubo razones de género en la causa de la muerte.

No es válido que las autoridades investigadoras argumenten que las mujeres fueron violadas, asesinadas y descuartizadas, porque vestían provocativamente, o porque ¡les gustaba salir de noche!

Es momento de exigir a todas las autoridades que se comprometan a acabar con la impunidad de los actos violentos hacia las mujeres, no solo en el ámbito de la persecución penal, sino también en el ámbito familiar o administrativo.

Porque si algo debemos buscar es que con cada sentencia favorable, con cada acto tutelar, con cada víctima librada de sus posibles agresores o agresoras, le seguirán un grupo de mujeres que se darán cuenta que pueden defenderse, y esos victimarios aprenderán que no se saldrán con la suya.

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