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Jueves , 21.03.2019 / 16:29 Hoy

Comentario y Debate

Ética y Guardia Nacional

Mauricio Valdés

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El tema de creación de la llamada “Guardia Nacional” está candente. Por ello me dispuse escribir algunas reflexiones, que ignoro si están consideradas en las reformas legislativas para su creación y regulación, pero que considero relevantes, principalmente relacionadas con la Ética y compromisos internacionales. No porque parezca estar de moda, lo que es una paradoja ante la creciente inseguridad, sino porque algunas decisiones gubernamentales deben tomarse en un marco de Ética. Porque estamos hartos de corrupción, impunidad, inseguridad e ineficiencia y al parecer lo que prevalece es lo que podríamos calificar como la “antiética”.

Esta disciplina fundada por Aristóteles tiene muchas acepciones y está vinculada a otro tema relevante: la Moral. Entiendo a la Ética, de una forma sencilla y accesible, como un conjunto sistemático de conocimientos racionales y objetivos, acerca del comportamiento humano moral, por lo que intenta orientar la conducta humana, para discernir entre el bien y el mal. Hay quienes la ignoran, porque casi no la han conocido, pero existe.

A manera de ejemplo me referiré a algunas limitaciones que deben señalarse al poder que los ciudadanos, a través de nuestros representantes legislativos, entregamos a la que llegará a ser la Guardia Nacional. Entre otras: el claro señalamiento de su deber de proteger a los ciudadanos en lo individual y a la colectividad contra las violencias, ataques a sus personas y bienes, y demás actos de protección definidos por las leyes. Y destaco: su obligación de actuar con legalidad, integridad, imparcialidad y dignidad.

También su obligación de ejecutar las órdenes de sus superiores, así como abstenerse de ejecutar las órdenes que le parezcan ilegales. En consecuencia, la protección de quien se niegue a ejecutar órdenes ilegales, para evitar le puedan aplicar medidas disciplinarias por negarse a ejecutar órdenes ilegales, en cambio, sancionar a quien dicte órdenes ilegales o contrarias a la defensa de los ciudadanos y sus bienes. Para ello, debe establecerse la obligación que las órdenes de los mandos sean claras y precisas, principalmente cuando se trate del uso de la fuerza letal conferida.

Y algo fundamental: tener presentes y dar cumplimiento a ordenamientos internacionales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto de 1789); la Declaración Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales (16 de diciembre de 1966); la “Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 1979” que establece el Código de Conducta para los responsables de la aplicación de las leyes; así como las declaraciones sectoriales de Derechos Humanos suscritas por nuestro país.

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