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Domingo , 21.04.2019 / 23:19 Hoy

Contracorriente

Los exiliados del Pueblo Bueno

Maite Azuela

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Esta semana se están llevando a cabo las sesiones de parlamento abierto en el Senado de la República. Se han presentado, para dar argumentos contra el dictamen de la Guardia Nacional, víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de fuerzas armadas, académicos especializados en seguridad y líderes de sociedad civil que impulsan estrategias de pacificación no militarizadas. Igualmente han asistido para defender el dictamen con la estructura militarizada asesores de las fuerzas armadas, líderes de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en seguridad.

No es la primera vez que las y los senadores escuchan opiniones sobre el tema. Las fuerzas armadas han estado en reuniones cerradas en el Senado entregando información de mano en mano a los legisladores y los han citado en reuniones privadas a desayunos o comidas para impulsar el dictamen que salió de la Cámara de Diputados.

No hay un solo experto o defensor que denueste a las fuerzas armadas, ni uno solo que pida su retiro inmediato en regiones de conflicto intenso. Siempre las propuestas han planteado la vía constitucional establecida en el artículo 29 como el “estado de excepción” que debe ser regulado para que en aquellas zonas en que se decida que las fuerzas armadas deben permanecer, se fije temporalidad, proporcionalidad y que su presencia sea fiscalizable. Además, el colectivo Seguridad sin Guerra entregó una propuesta de dictamen que evidencia que se puede construir una Guardia Civil sin simulaciones.

En este contexto, ayer circuló la desafortunada noticia de la desaparición forzada de Obtilia Eugenio Manuel y de Hilario Cornelio Castro, en el tramo de Tierra Colorada-Ocotito rumbo a Chilpancingo. Ambos defensores de derechos humanos, ella miembro del Consejo Municipal de Ayutla. No es coincidencia que Obtilia haya sido una activa denunciante de la violación de mujeres indígenas por parte de elementos del Ejército mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Para quienes clasifican de obstructores de la paz a quienes denuncian violaciones graves de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, Obtilia e Hilario no forman parte del pueblo bueno?

En una estrategia de pacificación es indispensable renunciar a la polarización discursiva. Descalificar a quienes ofrecen alternativas civiles al dictamen de militarización no solo excluye de la deliberación a expertos en la materia, sino a víctimas que desde sus espacios rurales y en situaciones socioeconómicas críticas, también entienden que no es la vía militar la solución al problema de crimen y violencia. Todos somos pueblo, las virtudes o errores no los determina la pertenencia a un gremio, sino la trayectoria y acciones de cada uno.

Estamos a tiempo de dotar de conceptos reales de pacificación y vía civil a la estrategia de seguridad y pacificación que adopte nuestro país. No permitamos que los adjetivos y las generalizaciones interrumpan el diálogo que el Senado ha fomentado. Una estrategia de la trascendencia de la Guardia Nacional debe ser inclusiva y abrazar la experiencia de quienes han experimentado en carne propia el impacto de la guerra que el Presidente ha dado por concluida.

@maiteAzuela

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