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Jueves , 18.04.2019 / 12:10 Hoy

Columna de Luis Raúl González Pérez

La justicia pendiente en las desapariciones

Luis Raúl González Pérez

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El día de ayer se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), mismo que apenas había sido protocolariamente instalado en octubre del año pasado. Más que un motivo de celebración, este acto tendría que hacernos reflexionar sobre las causas por las que a más de un año de que se emitió la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, sus disposiciones no son plenamente vigentes, y pese a las voluntades políticas expresadas, el problema de las desapariciones en México está lejos de ser atendido adecuadamente.

La existencia de un solo caso de desaparición tendría que movernos como autoridades y sociedad para llegar a la verdad en el mismo. En México, los casos de desaparición se cuentan por miles y aún no acabamos de contar con las condiciones adecuadas para investigarlos y resolverlos. Si bien existe el compromiso y disposición por parte de diversas autoridades, lo cierto es que muchos de los avances que se registran en la búsqueda y localización de personas siguen siendo producto del trabajo incesante que diariamente realizan miles de familias que se han enfrentado al infortunio de la desaparición de alguno de sus seres queridos, a sus aportaciones y la de colectivos de la sociedad civil.

Para la CNDH la necesidad de visibilizar y responder a esta problemática ha sido constante. A principios de 2015, se acudió ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a rendir un informe independiente a aquel que fue presentado por el Gobierno de México, con relación a la situación imperante en el país. En esa oportunidad se propusieron diversas medidas para la atención de este tema, que se sumaron a las que sugirió dicho Comité y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la materia. Del mismo modo, en abril de 2018, se presentó un “Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México” en el cual se formularon 102 propuestas dirigidas a autoridades federales y locales para la atención integral de este flagelo.

Pese a estos esfuerzos, aún no estamos en posibilidad de determinar siquiera la real magnitud del problema debido a la carencia de cuestiones tan básicas como bases de datos confiables y actualizadas que contengan los elementos necesarios para precisar el número de casos que serían propiamente desapariciones forzadas imputables a autoridades del Estado, y distinguirlos de aquellos en que la desaparición sería responsabilidad de particulares, de la delincuencia organizada o se debería a alguna otra causa. Del mismo modo, subsiste la falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda, localización y sanción de los responsables de las desapariciones, lo cual refleja un problema estructural en materia de procuración de justicia, particularmente a nivel de las entidades federativas, lo que en muchos casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en un estado de abandono y revictimización. Más de la mitad de los sistemas locales de búsqueda, que tendrían que estar operando, no se han instalado.

El problema de las desapariciones no se ha podido detener y el número de sus víctimas continúa en aumento. Su atención debe asumirse como una prioridad nacional y ratificarse con hechos un compromiso real y efectivo con las víctimas y la sociedad para que logremos abatir la impunidad existente en este ámbito. La Presidencia de la República ha anunciado que no se escatimarán recursos para ello, lo cual es una señal alentadora, pero también es preciso que las autoridades federales y locales actúen de manera responsable e integrada, sumando sus esfuerzos y capacidades con los de quienes, desde hace muchos años, trabajan por esta causa al margen de filiaciones políticas o ideológicas, buscando la verdad, la justicia y la vigencia de los derechos.

* Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

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