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Domingo , 21.04.2019 / 20:01 Hoy

Columna de Laura García Coudurier

¿Quién es pueblo? Sociedad civil y libertades

Laura García Coudurier

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Poco aprendimos desde el muy desinformado debate anterior sobre la sociedad civil “fifí”. Una vez más, a la sociedad civil se le vuelve a definir o descalificar a partir de la ideología de sus actores y sus comportamientos, en lugar de verla como el espacio para la articulación ciudadana, la libertad de asociación y de expresión de toda la sociedad.

En México, la sociedad civil organizada, lejos de crecer, se ha ido reduciendo. Por cada 100 mil habitantes, México cuenta con 27 organizaciones; mientras que Chile tiene 650 organizaciones y Argentina, 270. Esto se debe a factores estructurales que han sido ignorados en el debate, empezando por nuestro Presidente.

Somos uno de los países más violentos para las organizaciones de defensoras y defensores de los derechos humanos. En un contexto así, las descalificaciones de Andrés Manuel López Obrador, sin aportar evidencia alguna o referirse a hechos concretos, no son simples errores de comunicación. Son irresponsables formas de prender una mecha en un ambiente propicio para la violencia. Es la responsabilidad de un gobernante fomentar un ambiente seguro para que defensores no sean asesinados. Y esa responsabilidad comienza en cómo te refieres a ellos.

Otro factor estructural que impide el fortalecimiento de la sociedad civil está en la ley y el mismo gobierno. En el financiamiento público a las organizaciones, tema que se ha debatido mucho esta semana, varias llevamos años —¡desde la misma sociedad civil!— criticando la opacidad en la entrega de estos recursos por parte del gobierno.

En la gran mayoría de los casos este financiamiento se entrega sin convocatorias públicas y abiertas, generando traspasos de dinero por asignación directa, porque no hay leyes que obliguen al gobierno a hacerlo de otra forma. Como ejemplo, el caso de la Fundación Pro Acceso Eco, que recibió por asignación directa mil 700 millones de pesos en el sexenio anterior.

En los poquísimos casos en los que sí hay convocatorias públicas, éstas son para acceder a financiamientos muy pequeños y cuentan con criterios tan restringidos que provocan crisis en las organizaciones por no poder pagar los costos reales de sus operaciones.

El verdadero problema, como siempre, es la falta de regulación de los grandes dineros y la sobrerregulación de los financiamientos pequeños. Pero lejos de poner el dedo en ese renglón, el Presidente cambia de página y comunica que cortará parejo el financiamiento público a todas las organizaciones.

La explicación de este machetazo es poco clara, porque insinúa a medias dos razones: lo hacen para evitar los casos de corrupción y porque es fundamentalmente equivocado que el Estado financie a intermediarios que le hacen su trabajo.

Efectivamente, hay funciones que le tocan al Estado y que la sociedad civil, consciente e inconscientemente, ha absorbido. En los servicios del cuidado de personas con discapacidad, adultos mayores, infancia, mujeres que sufren violencia, por decir algunos, el Estado ha brillado por su ausencia.

Y por más fundaciones que existan, estos servicios nunca serán de cobertura universal si no los retoma el Estado. Sin embargo, a pesar de esta consideración, es preocupante la cantidad de cabos sueltos en el recorte al financiamiento público a las organizaciones que proveen estos servicios.

Si el Estado hoy recorta estos recursos, me gustaría pensar que es porque ya tiene los programas universales en marcha para su reemplazo inmediato. Si no es así, la llamada Cuarta Transformación tendrá el gravísimo precedente de que los pobres no van primero, sino que fueron olvidados desde el principio y mientras esos sistemas universales se ponían en marcha.

La siguiente pregunta obligada es: ¿en una sociedad tan compleja, es viable que el Estado pueda abarcar todos los rincones donde hay organizaciones haciendo su trabajo o habría una cobertura más completa combinando sistemas? Por ejemplo, las parteras indígenas dan atención a mujeres embarazadas en lengua indígena, con estrategias interculturales y en algunas zonas de dificilísimo acceso para el sistema de salud.

¿No sería mejor fomentar las alianzas entre las organizaciones de parteras con los servicios de salud del Estado, para que con partería tradicional y atención médica a emergencias reduzcamos la mortalidad materna? Éste y otros ejemplos más invitan a que busquemos hacer equilibrios, no machetazos.

El contexto legal nos ayuda a entender las razones por las que la sociedad civil trabaja en contextos de enorme desigualdad y precariedad. Hoy por ley[1], las organizaciones que no son protegidas por las redes de corrupción con el gobierno solo pueden gastar hasta 5 por ciento de su presupuesto en gastos administrativos.

Me encantaría ver a cualquier empresa, cualquiera, usando ese porcentaje tan increíblemente bajo para sus operaciones. Por cierto, si se busca mayor transparencia, este es un tope contraproducente, porque además vuelve imposible operar proyectos haciendo una buena medición de impacto, auditorías y seguimiento puntual y transparente.

El mismo gobierno sabe que estas leyes son inoperantes, pero lejos de mejorar esa ley, meten reglamentos adicionales para, ahora sí, dicen, asegurar mayor transparencia. Y por este caminito hemos llegado a un punto donde muchas de las organizaciones, para sobrevivir, se ven obligadas a contratar a un contador adicional de tiempo completo que pueda cumplir con tantos requisitos. ¿Y quiénes pueden pagar esas burocracias? Las más ricas, las más grandotas. Las demás desaparecen con cada miscelánea fiscal.

Por si fuera poco, tampoco tenemos la posibilidad de otorgar recursos a organizaciones comunitarias, pues en su enorme mayoría éstas no cuentan con deducibilidad de impuestos, requisito para recibir financiamiento[2]. En otras palabras, tienes que ser una organización rica para poder recibir dinero.

Si queremos más organizaciones de “pueblo”, como equivocadamente dice el Presidente (¿quiénes no serían del pueblo y cómo se define esa entelequia?), entonces comencemos por dejar de prohibir el financiamiento a las organizaciones más pequeñas. Estas restricciones, y muchas más, deben ser el centro de este debate.

No entremos al peligroso camino de definir quién debe y quién no debe estar en la sociedad civil según sus posturas ideológicas, grado de especialidad, temas de interés o perfil sociodemográfico.

Este es el camino más peligroso para destruir lo que está en el centro de la sociedad civil: la libertad de expresión y de asociación. Son éstas las libertades a defender. Y la mejor manera de hacerlo es pensando siempre que este espacio también le pertenece a tu peor enemigo ideológico. Solo así podemos construir ciudadanía organizada y libre.
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*Directora de Fondo Semillas
[1] Artículo 110 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
[2] Artículo 82, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta

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