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Lunes , 23.07.2018 / 00:27 Hoy

Precampañas, las taras legales

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Un poco más de un mes de precampaña arroja una primera lección de la que deberían hacerse cargo con responsabilidad y ética de la función pública los consejeros del Instituto Nacional Electoral: hace un mes que empezaron las campañas reales. El ambiente de opinión pública, dada la importancia de una elección presidencial, de nueve gubernaturas y más de 3 mil 400 cargos de elección popular, no admite postergaciones hasta los plazos formales. Tan conscientes son los consejeros de ello, que prefieren voltear hacia otra parte cuando todos los llamados precandidatos ya están en campaña y en clara violación de la ley. Sancionar esas conductas sería ir contra la realidad. Obsequiar como uso y costumbre que una ley es estúpida e inoperante es políticamente irresponsable.

Dados los probables escenarios de integración del próximo Congreso de la Unión, es cuesta arriba que existan condiciones legislativas para una reforma electoral, a menos que sea la propia autoridad electoral la que forme conciencia pública de las dificultades e imposibilidades prácticas para la debida aplicación de la ley vigente. Si de la autoridad electoral, con la poca o mucha credibilidad de la que goce, no surge el señalamiento de la obsolescencia de las normas fundamentales y procesales que rigen los comicios, el país seguirá viviendo a futuro un marco jurídico electoral poco confiable, discrecional, que solo invita al cinismo de los actores principales y de la población misma, que ya sabe que hágase lo que se haga en este tema, no pasa nada, porque la impunidad es a valores entendidos, empezando por los privilegios y canonjías de los propios consejeros electorales, cuyo modo de vida es, valga la paradoja, asegurar el estado de impunidad hasta las últimas consecuencias. Si no nace la inconformidad de ellos, menos del próximo Congreso. Ahora falta ver con qué van a salir los partidos y los candidatos durante el llamado periodo de intercampaña concebido en la ley como una suerte de retiro espiritual.

Y ese es solo un tema de la amplitud de cuestiones prácticas pero muy de fondo que deben reexaminarse en la legislación. Sobra decir que uno, central, es el de acceso a medios. Las modalidades de comunicación que la ley permite, así como la responsabilidad de su costeo, incomunican, implican un gasto multimillonario e inútil para los contribuyentes y solo sirven para el enriquecimiento privado de consultoras fabricantes de esa forma de comunicación política, cuyo nivel de inteligencia solo es equiparable al de lo comunicado.

El modelo de financiamiento es un fracaso. Cualquiera que haya estado adentro de una elección conoce del manejo de fondos extralegales y las más de las veces superiores al de los topes de financiamiento público.

Los anteriores son tres temas, entre otros, cuya revisión si no es que eliminación debería estar en la agenda de la opinión pública a iniciativa del INE. Hoy vamos rumbo a una elección crucial para la historia, bajo un paraguas normativo diseñado para un país habitado por infantes perversos, insertos, a la vez, en un mundo que solo —y hace bien— incentiva a la genuina competencia adulta y sin matices.

valencia.juangabriel@gmail.com

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