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Martes , 26.03.2019 / 06:02 Hoy

Crónicas urbanas

Escoltas y agentes de seguridad patito

Humberto Ríos Navarrete

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El 1 de noviembre pasado, a eso del mediodía, un individuo de sobradas carnes y estatura alta, camisa blanca de mangas cortas, acompañados de otros cuatro, bajó de un auto color gris, caminó hacia una camioneta, abrió la portezuela y sacó al conductor, cual muñeco, y lo introdujo en el coche placas 943WGN, con un pequeño círculo en la cajuela y un letrero que resultaba paradójico: “Comisión Internacional de los Derechos Humanos”. 

Sucedió en la esquina que forman las calles San Emilio y Santo Tomás, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía de Coyoacán, luego de que la camioneta de carga quedara frente a otro vehículo color negro. Fue cuando el mastodonte frenó su coche, del cual salió furioso y aceleró el paso como si imitara un orangután, para luego actuar como Brutus contra Popeye; una cámara de seguridad oficial enfocaba sus movimientos. 

Y la fiereza salió de su radio de acción cuando se percató que lo captaban con teléfonos celulares desde una marisquería, por lo que se encaminó hacia el negocio y amenazó a los comensales. Sus ayudantes corrían tras él. Entonces fue cuando llegaron patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública y bloquearon el área. El individuo se percató de que caminaban hacia él dos agentes policiacos.

En ese momento giró el cuerpo y aceleró el paso, sacó una arma de fuego e intentó ser discreto al entregársela a uno de sus ayudantes, quien pronto la embutió en una pequeña bolsa cruzada al pecho. Los policías ya iban por el sujeto, quien ofreció tarjeta de presentación a uno de los polis, pero se arrepintió y lo dejó con la mano estirada; el de azul, libreta en mano, sacó una pluma de su camisa y ambos caminaron.

Brutus discutía.

Los policías enfilaron hacia el coche donde estaba retenido el conductor y lo liberaron. Brutus gesticulaba y movía las manos. Estaba colérico. Intentó resistirse, pero fue sometido y lo metieron en una patrulla y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público de Coyoacán.

El caso forma parte de una serie de ilícitos cometidos por la proliferación de escoltas y empresas que ofrecen servicios de seguridad, pero no cumplen con los requisitos exigidos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México, de acuerdo con un informe oficial, aumentó a 414 operativos —en 2017 solo realizaron 51— y el resultado fue el castigo de 121 personas, además de remitir 83 vehículos. No solo eso: tuvieron que hacer un reglamento más estricto.

Y toparon con más sorpresas.


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Mauricio Agustín Suárez Hernández, director ejecutivo de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad, tiene como función verificar que las empresas prestadoras de esos servicios —también incluyen a las transportadoras de valores— cumplan con las normas.

Dice que “derivado de la problemática en la que se encontraba inmersa Ciudad de México, con motivo de hechos en donde se vieron involucrados prestadores de servicio de seguridad privada, denominados ‘escoltas’, fue necesario reformar la normatividad”.

En esta reforma están incluidas sanciones a vigilantes en condominios, donde lo más común es la violación de correspondencia. En este caso han topado con “empresas patito, sin personal capacitado”, dice. “Es muy creciente este tipo de compañías”.

Pero sucede que sobre ese problema no había sanciones, de modo que la dependencia generó una aplicación en su página de internet denominada “Mi policía” para que sean denunciados servidores y dueños de las empresas.

Producto de las reformas, asimismo, instalan operativos aleatorios, que incluyen revisión de vehículos, de personas y armas que portan. “Son fáciles de identificar”, dice Suárez, pues se nota en sus comportamientos.

Los escoltas, explica, están divididos en dos grupos: los de empresas privadas, “que deben ser capacitados por la Universidad de la Policía de Ciudad de México; los oficiales, que regularmente no cometen arbitrariedades, pues están capacitados y conocen los protocolos”.

—Sin embargo...

—Sí, viendo la realidad, hay un tercer rubro, por decirlo de alguna forma: aquellos que se quieren acreditar como escoltas pero no lo son; y es que hemos detectado a gente que disfraza su vehículo, porque de repente manifiestan que son escoltas de algún funcionario; sin embargo, a la hora de revisar sus documentos, su permiso de portación de arma, resulta que no los tienen, y lo que sí hacemos es ponerlos a disposición del Ministerio Público.


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El funcionario recuerda que hace un año, en diciembre de 2017, durante un operativo en Santa Fe, se percataron de que en una camioneta transportaban poco más de 5 millones de pesos en una bolsa.

—¿Y cómo se dieron cuenta?

—Todas las personas, de alguna u otra forma, cuando llegamos a un punto de revisión, vemos alguna actitud; hay gente, por ejemplo, que es muy nerviosa o busca ser esquiva. En esos casos, lo que hacemos es poner mayor atención y solicitamos que desciendan y que nos permitan llevar a cabo una revisión rápida, y así fue como sucedió: al momento en que abren las puertas vemos que traían un paquete voluminoso.

—¿Y ellos qué dijeron?

—Que eran de una empresa privada; pero vemos que no pertenecían a ninguna empresa de seguridad, y como en todo momento estamos acompañados de policías de sector, les dijimos: “Van a tener que ir a la agencia del Ministerio Público y acreditar la legal procedencia de ese dinero”.

Porque no es común, no es normal —reflexiona— que transporten tal cantidad...

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