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Martes , 23.04.2019 / 03:23 Hoy

Columna de Gabriel Torres Espinoza

Jalisco en la injusticia e impunidad

Gabriel Torres Espinoza

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El viernes 1 de marzo, dos diarios locales coincidían con la portada. Mural abrió su primera plana con el encabezado, “Ven a jueces corruptos”, “un 70.1% de jaliscienses los califican mal”. Mientras que El Informador –a primera plana- sentenció: “Jalisco, el más rezagado en impartir justicia”. Ayer domingo 3 de marzo, El Informador publicó otra nota de portada, a ocho columnas: “sentencian sólo a 6 por cada 100 homicidios”, “en 2018 fueron asesinadas dos mil 413 personas en Jalisco; un juez reconoce que en ese crimen hay más de 90% de impunidad”. Los datos que alimentan las notas provienen de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (Envipe) y del Ranking de Efectividad publicado en la herramienta digital “LAB Justicia”, respectivamente. Diferentes fuentes, diversos ángulos, pero la misma conclusión.

Resulta innegable. La procuración e impartición de justicia en Jalisco atraviesa por una crisis tan severa, que de no efectuar cambios profundos a la brevedad, la impunidad que fecunda (90% de impunidad) terminará por colapsar gobiernos, instituciones y tejido social. Debido a la corrupción, al modelo de ‘cuates y cuotas’ para reclutar jueces y ministerios públicos, y al bajo perfil de quienes integran las instituciones de procuración e impartición de justicia en Jalisco, el crimen organizado se apodera de grandes porciones de territorio en Jalisco; disputa el monopolio de la coacción física al Estado; extrae rentas ilícitas de la sociedad, a manera de extorsión; carcome o se apodera de instituciones y ámbitos de gobierno [sobre todo el municipal y el Poder Judicial]; ejerce una acentuada influencia en los detentadores del poder público [presidentes municipales, legisladores, jueces, ministros, procuradores, fiscales, etc.]; y vulnera el orden constitucional. Además ostenta un arsenal de uso exclusivo del ejército.

Este irrefutable la condición corrupta e ineficiente que priva en la fiscalía y el poder judicial. Esto ocasiona que la mayoría de los delitos queden impunes. Será por falta de una adecuada averiguación -se justifican-; pero si existe, por los jueces siempre dispuestos a resolver sentencias injustas, ‘muy apegadas a derecho’ -después de la respectiva gratificación o llamada de su jefe político-. El gobierno no puede impedir que se viole o corrompa la ley, pero lo que sí puede, y está obligado a hacer, es que los delitos reciban un ejemplar castigo. La falta de sanciones o penalizaciones por trasgredir la ley, es hoy motivo e incentivo para que los delitos de alto impacto se multipliquen en Jalisco. La delincuencia sabe de la incapacidad de las instituciones de Jalisco para impartir justicia, en la medida que se corrompe el castigo que debería imponerse a los trasgresores de la ley. En síntesis, en Jalisco, el que la hace, no la paga.

gabtorre@hotmail.com

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