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ADN mexiquense

La abrogación de la Ley Issemym

Eduardo Garduño Campa

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Los madruguetes y albazos legislativos difícilmente se pueden revertir cuando un partido cuenta con mayoría y la impone. Pero hay excepciones al momento que cambia la conformación de la cámara de diputados y se convierte esa mayoría en minoría. Entonces es posible modificar lo que en un momento se impuso.

En agosto pasado el PRI con mayoría en la legislatura mexiquense y con el apoyo del PVE, PES y NA aprobó fast track la ley Issemym misma que desaparecía las pensiones y los servidores públicos de nuevo ingreso deberían acudir a las afores vía la capitalización individual para su retiro. Fue el decreto 317.

Las protestas no se hicieron esperar y hubo diversas expresiones de rechazo a la nueva norma jurídica para el Instituto. Que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2019.

Sin embargo la ley no alcanzó a entrar en vigor. Fue abrogado el decreto 317 que la sostenía. Los priistas no contaron con los suficientes votos para mantenerla. Son minoría.

Ahora habrá que esperar si hay una reacción por parte de la institución como represalia a la abrogación de la Ley. Como el despido de personal médico o provocar desabasto de medicamentos.

Ojalá no y mejor se creen puentes de comunicación entre los poderes ejecutivo y legislativo que involucre a los derechohabientes a fin de buscar mejorar la operatividad de la institución.

De que debe haber modificaciones a la Ley del Issemym es un hecho. Pero estas deben darse en consenso y no en imposición de una sola de las partes involucradas.

Es cuestionable la negativa a que se haga una exhaustiva auditoría a la institución. ¿Sino hay nada que esconder por qué el rechazo?

El problema en la en el instituto no es de ahora sino que se viene arrastrando desde hace 18 años o tal vez más. Hay responsabilidad de anteriores administraciones, tal vez y si las hay que se castigue a quien ha defraudado la confianza y se ha beneficiado. De hecho malas administraciones son las que tienen la institución en la situación de quiebra.

La abrogación de la ley da pauta para que en lugar de tensar las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, se establezcan los canales de comunicación para buscar no sólo un nuevo marco jurídico para el instituto sino para otras cosas que reclaman los ciudadanos del Estado de México.

Es una oportunidad para que haya coordinación y responsabilidad compartida y no se tome esta abrogación como el inicio de un pleito de tres años entre ambos poderes. Porque de ser así los afectados seremos los habitantes del Estado de México, que aspiramos a mejorar nuestra calidad de vida y no a que siga deteriorándose.

egardunoc@uaemex.mx

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