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Editoriales

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Que siguen emberrinchados algunos Transportistas del Estado de México, luego del decreto que los obliga a instalar videovigilancia y botones de pánico en sus unidades de pasajeros. Ahora, como competencia de infantes “a ver quién las puede más”, en el Congreso Estatal del Transporte, presentaron su propio plan de seguridad con el uso de tecnología, que consideraron “más eficiente que el uso de cámaras”.

Ante empresas de toda la entidad, José Refugio Aguilera, de Corporativo Izgasa, dijo que el uso de videos “ha demostrado su inutilidad para desalentar a los delincuentes”, y explicó un sistema mediante el cual el conductor puede desactivar el motor y emitir una alarma sonora. Los expertos opinarán, pero todo indica que la cosa es no “entrarle al aro” del gobierno estatal.

Que por cierto, ayer se dio a conocer que en lo que va del año han sido retiradas 432 licencias a choferes del transporte público por dar “positivo” en el uso de alguna sustancia en alguna sustancia, desde alcohol hasta coca. Por ahí deberían empezar los empresarios preocupados por la seguridad.

Que otro pleitito que ya se está haciendo añejo, es el de Jorge Olvera, titular de la Codhem, con el futuro ex alcalde de Toluca, Fernando Zamora. Este dejará su cargo el ultimo día del año, sin cumplimentar la “recomendación” por baches que violan los derechos humanos. Mucho se habló de un trasfondo político. Quizá encogiendo los hombros, Olvera señaló que continuarán este tema con la próxima administración.

Que empiezan a cerrarse cuentas y cobrarse facturas. Tal vez sea sintomática la detención de María del Carmen Anaya Rosas, jefa de la dirección de Normatividad en el gobierno municipal de Coacalco, señalada como responsable de peculado y de pretender extorsionar a empresarios. Ahora con los relevos en los gobiernos locales, a ver cuántos casos más salen de otros muchos ayuntamientos.

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