El caso Diego Cruz y sus lecciones para la judicatura

La resolución del juez de distrito Anuar González que concedió el amparo contra el auto de sujeción a proceso a Diego Cruz, ofrece lecciones de formación, pero sobre todo de ética judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal suspendió al juez para investigarlo, cosa que a esos mismos abogados le pareció un atentado a la independencia judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal suspendió al juez para investigarlo, cosa que a esos mismos abogados le pareció un atentado a la independencia judicial. (Kathia Recio)

Ciudad de México

La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos obliga a los servidores públicos a respetar, proteger, promover y garantizar en el ámbito de sus atribuciones, los derechos humanos y, seguramente por ello, le resultó necesario al juez González mencionar en su documento que estaba obligado a observar el protocolo de infancia de la Corte, así como el principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes, contenido en el artículo cuarto de la Constitución federal y en la Convención de Derechos del Niño. Sin embargo, el juez olvidó invocar también el protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la misma Corte, al que estaba igualmente obligado aplicar porque Dafne es, además de una persona menor de edad, una mujer. Esta omisión es relevante porque con ella quedan del lado también los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres que, firmados y ratificados por el Estado mexicano, son normas de rango constitucional absolutamente relevantes en el caso de Dafne.

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