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Viernes , 17.08.2018 / 21:28 Hoy

Sin indemnizar, SAE vendió nueve ingenios expropiados

El gobierno tomó el control de las propiedades y en 2007 las ingresó a concurso mercantil; incumplió el decreto e impidió participación de los dueños originales, señala azucarera Caze.

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Entre 2015 y 2016 el gobierno federal, a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), obtuvo alrededor de 10 mil millones de pesos por la venta de nueve ingenios azucareros que fueron expropiados en la administración de Vicente Fox; sin embargo, en el proceso no se indemnizó a las empresas afectadas y las ventas se realizaron sin que se completara el curso legal previsto en un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El acuerdo, del que MILENIO tiene copia, prevé que la venta sólo puede realizarse al concluir el proceso del recurso de “reversión”, un derecho que tienen los expropiados de pedir de vuelta los activos y acciones si es que el gobierno incumple el objetivo con el que realizó la expropiación; el futuro del caso se debatirá mañana en la Suprema Corte de la Justicia (SCJN), con el antecedente de que ésta desechó, en primera instancia, el proyecto inicial.

El acuerdo dice que para que surta efecto la venta de los ingenios y “con el objetivo de evitar una contingencia al gobierno federal durante el proceso de licitación a más tardar en la fecha que se emita el fallo correspondiente deberá acreditarse que ha concluido el procedimiento de reversión”.

No obstante, ese litigio todavía se encuentra en juzgados, detenido porque derivado de este proceso, en la SCJN se dirime quién es el representante legal de las empresas expropiadas en el proceso de reversión, alguien nombrado por el gobierno o el representante de las empresas al momento de la expropiación, señaló Santiago Montero, abogado de Consorcio Azucarero Caze, consorcio al cual pertenecían los nueve ingenios expropiados.

El decreto de expropiación de 2001 señala que el objetivo era “contribuir a un funcionamiento eficaz del mercado y garantizar la conservación de las empresas, los empleos que generan y, en general, el cumplimiento de sus obligaciones para el beneficio de la colectividad”.

No obstante, el litigante explicó que el gobierno tomó el control de las empresas, colocó a sus personas morales mediante el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (Feesa), pero en 2007 las metió en concurso mercantil, con lo cual incumplió el objetivo de la expropiación y en el cual no se permitió la participación de los dueños originales.

Explicó que cuando una empresa se declara en quiebra los bienes que le quedan son administrados por un síndico que nombra un juez, y después de la designación del síndico, el gobierno federal emitió resolución diciendo que éste es el único facultado para seguir la reversión.

“Controvertimos y decimos que es una irracionalidad que una representación surgida en un procedimiento que promovió el gobierno sea nuestra representación”.

Estos argumentos encontrados son los que llevaron el caso a la SCJN, donde mañana se discutirá quién debe representar a las empresas afectadas por la expropiación, bajo el proyecto del magistrado Alberto Pérez Dayán.

En el proyecto que el magistrado hizo público, un documento de 73 páginas, señala que los peticionarios no reúnen todas condiciones para solicitar el derecho a la reversión porque hubo una compensación de bonos para indemnizar en el proceso expropiatorio.

Al preguntar al abogado de Caze sobre esta indemnización, señaló que los directamente afectados al momento de la expropiación no recibieron el pago, sino que fueron las propias empresas del gobierno administradas por Feesa las que recibieron mil millones en el concurso mercantil llevado a cabo por el gobierno, “es decir, el gobierno se indemniza a sí mismo o hace una simulación o hace un pago de lo indebido”, explicó.

Indicó que la cantidad fue porque en el concurso mercantil, el gobierno hizo una revaluación de los activos, los cuales al momento de la expropiación tenían un valor en el mercado de 10 mil millones, y la revaluar en el concurso mercantil la establecieron en mil millones.

Señaló que de darse por sentado lo planteado en el proyecto de Pérez Dayán, “va a ser una patente de corso para que a partir de ahora los gobiernos afecten a las sociedades mercantiles, expropien sus acciones y sus bienes y que en un procedimiento extraño al de la Ley de Expropiación se entienda con una persona distinta al propietario”.

El gobierno federal al licitar los ingenios, en la actual administración federal, se adjudicó alrededor de 10 mil millones de pesos, los cuales, de acuerdo con el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray, se incluyeron en el presupuesto federal.

Manuel Luciano Hallivis Pelayo, magistrado de Sala Superior y ex presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, señaló que en un caso de que efectivamente la expropiación fue utilizada con un fin diferente al objetivo que se declaró, se puede pedir el derecho de reversión, si está en los tiempos marcados por la ley.

Agregó que en caso de que se lleve a cabo una indemnización, está debe ser para los afectados en el momento de la expropiación.

Explicó que también en procesos donde se incumple el objetivo, hay responsabilidad para el que era el encargado de cumplir con la encomienda para la que se llevó a cabo la expropiación.

La razón por lo que en la administración de Vicente Fox se expropiaron 27 ingenios fue para conservar el ingreso de los cañeros, ya que los dueños de los grupos azucareros no estaban liquidando el insumo y había muchos pagos atrasados, y en general había problemas en la administración de las empresas, explicó Enrique Bojórquez, director general de la firma azucarera Sucroliq.

Detalló que, no obstante, la expropiación fue mala, puesto que se expropió solo a la mitad de la industria, y “si el problema era general debió de haber sido a todos”.

Dijo que no estuvo claro porqué se escogieron a los ingenios expropiados, cuando había otros que también estaban en malas condiciones, por lo cual solamente nueve fueron los que se quedó el gobierno después de litigios.

Se buscó al SAE para recabar mayores datos sobre el tema, sin obtener una respuesta al momento.

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