IC500, la plataforma de transparencia para empresas

Mexicanos Contra la Corrupción presentó esta herramienta que logra medir conductas de las organizaciones para inhibir actos de corrupción, de las cuales el 62% no obtuvieron buena calificación.
Durante la presentación de IC500, arrojó que la mayoría de las empresas consultadas todavía no tienen códigos de ética satisfactorios.
Durante la presentación de IC500, arrojó que la mayoría de las empresas consultadas todavía no tienen códigos de ética satisfactorios. (@MXvsCORRUPCION)

Ciudad de México

Una herramienta desarrollada por las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia Mexicana reveló que de las 500 empresas más grandes de México, 309 (el 62%) no obtuvieron una calificación adecuada en sus políticas anticorrupción.

Desde julio que entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forma parte del cuerpo normativo del Sistema Nacional Anticorrupción, las empresas adoptaron una serie de conductas para inhibir actos de corrupción en su relación con actores públicos y para castigarlos cuando se presenten.

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Durante la presentación de la herramienta Integridad Corporativa 500 (IC500) entre dichas organizaciones y en colaboración con Grupo Expansión, arrojó que la mayoría de las empresas consultadas todavía no tienen códigos de ética satisfactorios.

Esta herramienta no mide el grado de corrupción de las empresas, sino que es una métrica que "permite revisar el alcance, transparencia y publicidad de las políticas de integridad y anticorrupción de las 500 empresas más grandes en México".

El primer sondeo arrojó que la calificación promedio de las 500 empresas fue de 37 puntos sobre 100: 309 empresas (62%) no alcanzan una calificación aprobatoria (más de 50 puntos); 168 (34%) obtienen un puntaje menor a 10 puntos y sólo tres empresas mexicanas (IEnova, Bio PAPPEL y Grupo Bimbo) obtuvieron más de 80 puntos.

Además, 194 (38%) no tienen ni código de conducta o ética ni programa anticorrupción y 330 empresas (66%) no cuentan con mecanismos para monitorear la política anticorrupción.

JOS