Doble mirada

Lo obvio y lo no tanto de la elección de 2018

Año electoral. Lo obvio: las campañas y el proceso electoral que despejará la incógnita sobre quién será el nuevo presidente. ¿Por fin se le hará a López Obrador o el PRI logrará la hazaña de repetir en Los Pinos después de uno de los gobiernos más desastrosos en términos de inseguridad y corrupción, o ganará la primera coalición de gobierno —whatever that means— formada como tal? La incertidumbre es total y real. Creo que el resultado es tan incierto que dentro de los escenarios está el muy obvio de que AMLO sea presidente, pero también el de que llegue en tercer lugar y todas las demás combinaciones.

Lo no tan obvio, pero que en algunos círculos sí es motivo de preocupación: la fragilidad de la democracia mexicana ante un proceso que no se caracterizará por su limpieza y legalidad: ¿cuál será el estado de la democracia y las instituciones que la soportan —partidos, INE, TEPJF, medios de comunicación, marco normativo— después de unas campañas y una jornada electoral que ya se anuncian como un festín de banalidades, ilegalidades e impugnaciones? ¿Qué quedará de nuestra ya maltrecha confianza en la democracia entendida como la mejor —o menos mala— forma de darnos gobiernos y garantizar nuestros derechos políticos fundamentales? Terrible paradoja: el ejercicio democrático por excelencia —votar para elegir representantes y gobernantes— capitaneado y administrado por la partidocracia, muy probablemente producirá desencanto y mayor insatisfacción con la democracia.

Lo menos obvio: del resultado electoral, es decir, del reparto del poder que será muy fragmentado, se derivarán ciertas condiciones de la gobernanza del país. Para garantizar un cierto grado de gobernanza se requiere de: a) capacidad de gobierno, es decir políticas serias y fundadas presupuestalmente, además de una burocracia eficaz y eficiente; b) legitimidad social del gobierno y del presidente, la cual genera capacidad de convocar recursos de todo tipo (políticos, financieros, organizativos, técnicos, etcétera) dentro y fuera del gobierno y del país para solucionar los problemas más graves y, c) una sociedad participativa, dispuesta no solo a cumplir las leyes, sino también a generar bienes y servicios públicos junto con las instituciones estatales.

Me temo que se va a discutir muy poco sobre el rumbo general del país (más allá de las generalidades que ya se dicen) y la pertinencia y viabilidad de las ofertas políticas de los candidatos, entre otras razones, porque sus propuestas serán muy generales y fantasiosas, con particular énfasis las de Morena (no se ganan votos con plataformas reales y serias, sino con eslóganes y promesas las más de las veces incumplibles). Además, lo más seguro es que el ganador de la Presidencia no obtenga mayoría en el Congreso, lo que sin ser un obstáculo insalvable, complicará la definición y aplicación de políticas y programas o llevar a cabo reformas legales pendientes, especialmente en el ámbito de la seguridad.

Tampoco es un escenario improbable que el ganador, además de hacerlo con menos de 35 por ciento de los votos, sea impugnado legalmente, lo que demeritaría su legitimidad considerando que los árbitros electorales no gozan de gran credibilidad. Ello mermará su capacidad de convocatoria a la sociedad, la cual podrá quedar muy polarizada y enojada, especialmente si gana el PRI. Gobierno sin respaldo social, sería un gobierno débil y mutilado.

La gobernabilidad del país puede ser la gran perdedora del proceso electoral de 2018. Y con ella, todos nosotros, pues si no hay capacidad de gobierno, no habrá soluciones a los problemas y la esperanza puesta en la renovación de los poderes puede traducirse muy pronto en frustración.

Un jefe de Estado gobernaría los próximos seis meses pensando y actuando para minimizar ese escenario. ¿Sería mucho pedir?