Juego de espejos

Desafíos de la gobernabilidad

En este 2018 el país habrá de enfrentar retos y desafíos de magnitud mayor. El proceso electoral por sí mismo significa en su complejidad un tema a atender. También está la relación con Estados Unidos y la dinámica propia de un escenario de incertidumbre. El país sigue, el gobierno se encamina a la recta final y las dificultades propias del entorno obligan a un sentido mayor de responsabilidad y evitar que quienes deben ser garantes de institucionalidad se vuelvan parte del problema.

El relevo en la Secretaría de Gobernación significa la integración de un nuevo equipo para cumplir esta responsabilidad. Alfonso Navarrete tiene las prendas necesarias para cumplir esta crítica tarea. Se hace acompañar de un equipo preparado, un desdoblamiento de la Secretaría del Trabajo a la entidad responsable de la política interna y la seguridad. Un acierto ratificar a Renato Sales Heredia como comisionado nacional de Seguridad y a Manelich Castilla Craviotto como comisionado general de la Policía Federal, lo que significa que Navarrete Prida habrá de privilegiar el tema de la gobernabilidad, como el viernes lo expusiera ante colaboradores en su primera reunión en la dependencia.

El gobierno debe tener continuidad en su desempeño. El presidente Peña ha ratificado su determinación de cumplir compromisos y tareas pendientes. Sin embargo, la inercia del proceso sucesorio y de la misma elección es poderosa. La elección está a cargo del INE y ha probado ser una instancia confiable y capaz de cumplir con la tarea de organizar los comicios, así como de hacer valer la ley bajo las condiciones de una normatividad compleja, en varios aspectos absurda, pero que en su conjunto es garante de elecciones en un contexto de normalidad.

La embestida del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, contra el gobierno federal es uno de los eventos que muestran las nuevas condiciones en las que se desarrollará la contienda. Su intervención tiene una carga política fuerte que se alimenta de la indignación pública por la corrupción. De allí que personalidades de seriedad y credibilidad como Jaqueline Peschard se hayan sumado a la denuncia del gobernador bajo el discutible argumento de la represalia de las autoridades hacendarias por el proceso legal que se lleva en el stado de Chihuahua contra el PRI por desviación de recursos.

En tales circunstancias lo recomendable es la aplicación estricta de la ley y que las autoridades cumplan con apego a la norma. La investigación en Chihuahua tiene una clara motivación política. Los testimonios obtenidos, como elementos de prueba, son del todo discutibles como es el caso de ofrecer inmunidad al secretario de Finanzas del gobierno anterior, Jaime Herrera, a cambio de declaraciones de dudosa veracidad. Lo mismo que se ha pretendido hacer con Alejandro Gutiérrez, alto funcionario del PRI en la dirigencia nacional anterior, a quien se le pretende intimidar para obtener declaraciones a modo para así robustecer no el caso penal, sino el político.

Allá de quienes le sigan el juego a Javier Corral. La realidad es que el tema es competencia de la Fepade. El titular de la dependencia, a diferencia del fiscal de Chihuahua, ha sido ratificado por la pluralidad del Senado. En la aplicación de la ley es urgente que la dependencia tome cartas en el asunto y se realice una investigación para deslindar responsabilidades al margen de la intención política, evidente en el gobierno de Chihuahua y su mandatario Javier Corral. El secretario de Finanzas, Jaime Herrera, debe ser sujeto de investigación y de ser el caso de desviación de recursos públicos, como lo dice el mandatario local, debe ser llamado a la justicia. También debe la PGR acreditar el esfuerzo para extraditar a César Duarte.

La gobernabilidad del país demanda de todos cuidar los términos de la contienda. Las elecciones competen a los candidatos y partidos, los medios y el conjunto de la sociedad deben participar en el debate y en el escrutinio sobre personas, biografías y argumentos. El ruido propio de los comicios es mayúsculo y es menester que el voto sea precedido por la libertad de los candidatos a emprender su proselitismo, el debate entre las distintas opciones y la tarea de la sociedad de someter a examen a quienes se presentan como la solución o la mejor opción ante la renovación de los poderes y órganos de gobierno.

El proceso habrá de transitar por camino minado. Lo mismo para los gobiernos, los partidos y sus candidatos. Mucho puede ocurrir en los próximos meses y ante ello la fuerza de las instituciones es la mejor garantía para que la polarización propia de los comicios no se desborde y comprometa la normalidad. Un sentido de Estado es lo que debe prevalecer en las instancias de autoridad que organizan las elecciones y en los poderes públicos, pues con ello el país tendrá comicios ejemplares a pesar de la complejidad e incertidumbre del momento.

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